La solicitud del Gobierno de Santos de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- implica que el país asuma una serie de compromisos de subordinación a la economía internacional en todas las esferas de la vida política, económica y social, entre las cuales se encuentra la educación. En esta lógica, el Ministerio de Educación Nacional viene imponiendo un paquete de programas y proyectos que, en cambio de defender la educación pública como derecho, administrada y financiada por el Estado, reafirma la política de privatización, mercantilización, instrumentalización, estandarización del currículo, y su utilidad para debilitar y objetivar a la profesión docente, poniéndola al servicio de los intereses del capital financiero.

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